Hoy encontré mi primer carnet oficial de periodista (nº 5.083 de 1970). Me obligaba a observar la moral cristiana y a guardar fidelidad a los Principios del Movimiento impuestos por un dictador elegido no por los votos de los españoles sino «por la gracia de Dios».
Me estrené sin prensa libre hace 53 años y me ha dado repelús pensar en lo que podría pasar en el gobierno de España después de 23 de julio. Me da mala espina que la coalición PP-VOX pueda gobernar pronto España sin haber condenado expresamente la dictadura de Franco.
¿Por qué son tan reacios a mostrarse anti franquistas? ¿Acaso le tienen querencia a aquel régimen fascista y cruel, inspirado en Hitler y Mussolini, que privó de libertad a los españoles durante 40 años? Me cuesta entenderlo.
Sobre todo, me perturban y preocupan que tantos jóvenes, que no sufrieron la Dictadura, sigan las consignas de odio (homófobas, racistas, xenófobas, machistas, etc.) sembradas por VOX, el socio predilecto del PP. Se acercan tiempos duros para la libertad. No es bueno que todo el poder (local, regional y nacional) se concentre en las mismas manos que no condenan el franquismo. ¿Qué hemos hecho mal los demócratas?
Ahí van dos artículos de El País que recomiendo sobre la Ley de Memoria Democrática que la derecha quiere derogar.
La incómoda memoria
Para un sector radical de las sociedades recordar parece ser más bien una amenaza y no un paso necesario contra la repetición del horror
DIEGO GARCÍA-SAYAN09 JUN 2023 – 06:30 CEST1
Hay dos formas a través de las cuales una sociedad puede enfrentar un pasado traumático en el que en un país la obra humana dejó muchas víctimas, incluyendo personas asesinadas, desplazadas o exiliadas. Tema que en varios países se ha convertido en una suerte de Rubicón que polariza posiciones políticas tras lo cual se suele esconder, en realidad, la diferencia entre tolerancia e intolerancia.
Un camino es el de la recuperación de la memoria histórica. No sólo como homenaje a las víctimas, sino como mensaje, para el presente y futuro, de hechos graves que deben conocerse —y conocer las nuevas generaciones— para que jamás se repitan. La otra forma es la opuesta: el olvido, lo que podríamos llamar la “volteada de página”, en nombre de una idea abstracta de la “reconciliación” que omite conocer la verdad. Borrando hechos que generaron miles y hasta millones de víctimas, dando pie a la impunidad y una sociedad que prescinde de su memoria, con el pretexto de la conciliación.
Lo que está detrás de esta contradicción suele ser un pasado terrible. Que va, por ejemplo, desde los genocidios hitlerianos o polpotianos y la Guerra Civil española hasta los asesinados por dictaduras sangrientas en el cono sur latinoamericano (Chile, Argentina, Uruguay) en los setentas y ochentas, llegando a las decenas de miles de muertos en Perú, tanto por la acción del terrorismo como por agentes del Estado. Y hay muchos otros casos más en la región y en el mundo.Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Así como ha habido sucesos gravísimos que no merecieron particular expurgación, memoriales o “comisiones de la verdad” o, en fin, políticas públicas de promoción de la memoria y de homenaje a las víctimas.
Sin duda la política pública “sanatoria” más espectacular en las últimas décadas ha sido la de la Alemania reconstruida luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Para cualquiera que visite el país no queda sino inclinarse con respeto ante los impactantes resultados pasos para no arrojar bajo la alfombra las atrocidades del nazismo desde la década del 30 del siglo pasado y durante la Segunda Guerra Mundial con varios millones de objetivos de persecución, destrucción o muerte por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad.
Millones de judíos, disidentes políticos, gitanos, homosexuales, personas con discapacidades físicas y mentales fueron objetivo de destrucción o matanzas por pertenecer a una determinada raza, etnia o nacionalidad. Quedaron para la memoria los nombres de campos de concentración como Dachau, Buchenwald, Mauthausen o Auschwitz-Birkenau (Polonia). Conversando con la gente se puede constatar el espectacular impacto de esos memoriales y de la educación pública alemana han tenido en las generaciones que aún no vivían cuando los horrores del nazismo.
En otros países el relativo silencio frente a sus propias responsabilidades en la historia de hechos terribles y en la misma Segunda Guerra Mundial no ha sido, sin embargo, materia de especial “memorialización” como, por ejemplo, el Japón.Pero fuera de esas grandes hecatombes mundiales de obra humana ha sido más bien en conflictos y situaciones “internas” de algunos países en las que se ha visto más vivamente la existencia o no de políticas públicas claras y consistentes. En torno a ese tema, por el contrario, por razones de política interna muchas ha sido materia de controversia y hasta de propuestas regresivas. En estos días en España, por ejemplo, dentro de la recién iniciada campaña electoral de cara a la elección del 23 de julio llama la atención la postura de los candidatos de la derecha de, por ejemplo, derogar la Ley de Memoria Democrática. Uno de los objetivos de esa ley es, precisamente, reconocer a quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil, la dictadura franquista hasta la adopción de la actual Constitución en 1978.
En el contexto latinoamericano se han dado en las últimas décadas varios pasos notables —literalmente “memorables”— de lo primero, es decir de recuperación de la memoria histórica. No sin tensión y contradicción con quienes, desde el conservadurismo extremo, prefieren el olvido y que no se hable de hechos y responsabilidades atroces.
En los últimos 20 a 30 años se han dado pasos importantes en la región para mantener la memoria para que hechos terribles sean conocidos por las futuras generaciones para que no se repitan. Por ejemplo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile referido a la larga dictadura de Pinochet o el Lugar de la Memoria (LUM) en Lima sobre el conflicto armado interno generado en el Perú por el accionar terrorista de Sendero Luminoso y las atrocidades en las que de ello derivó en responsabilidades graves de agentes de instituciones del Estado. También el Museo Sitio de Memoria, localizado en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, centro de detención y exterminio durante la dictadura militar entre 1976 y 1983 de miles de detenidos y desaparecidos, muchos de los cuales perecieron en los “vuelos de la muerte”.
Siendo las cosas así, el hecho es que para un sector radical de las sociedades recordar parece ser más bien una amenaza y no un paso necesario contra la repetición del horror. Si en la España de hoy hay quienes promueven en su discurso político voltear una página del pasado que parece incómoda para algunos, algo parecido ocurre en una Latinoamérica ya contagiada del virus global de la polarización política. Algo de ese mismo espíritu retardatario flota en otros lares.
Es lo que pasó en Lima con el LUM, espacio de memoria inaugurado el 2015 con la cooperación de Alemania. La exhibición arranca precisamente recordando cómo fue que se inició en 1980 la violencia terrorista de Sendero Luminoso que ensangrentó al país durante veinte años.
Pero, como no podía ser de otra manera, en el LUM la exhibición trata también de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el Estado, algo que para algunos extremistas es mejor omitir. Así, la autoridad municipal en Lima, en manos de un grupo político de extrema derecha, ordenó abruptamente el cierre del LUM con objeciones administrativas que pudieron haber tenido otro manejo. Por el momento la crisis ha sido superada pero ya se sabe de la espada de Damócles que pende sobre su funcionamiento dentro de un contexto político general cada vez más tenso y de regresión.
No deben sorprender estas corrientes de regresión que buscan cancelar la memoria y que se repita y extienda por otros países. Y que, con ello, se pretenda borrar de la historia hechos graves. Que deben ser conocidos y recordados como datos de la historia de manera que en la formación de las futuras generaciones haya mejores y mayores elementos para que esas tragedias no se repitan. Cancelando la memoria, por el contrario, es cómo el aliento a la repetición de tragedias se hace más posible.
En defensa de la memoria democrática para construir futuro
Las políticas de recuerdo de la represión y la dictadura deben adaptarse a generaciones que no han vivido la Transición; para ello hay que abrir archivos, desclasificar documentos, dar formación y resignificar los lugares de represión
GEMMA UBASART30 JUN 2023 – 05:00 CEST
En el cambio de milenio, la transversalidad del ciclo de protesta que se acrecienta en la segunda legislatura del presidente José María Aznar cobija también a los movimientos memorialistas. Estos no salen de la nada: son herederos de un trabajo incansable de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición desde la misma Transición. Pero es solo a principios de la década de los 2000 que las demandas memoriales empiezan a devenir un nuevo sentido común. En este sentido, el pacto del Tinell que da vida al Gobierno catalanista y de izquierdas de Pasqual Maragall en 2003 apela a la experiencia republicana como antecedente fundacional de la democracia contemporánea. José Luis Rodríguez Zapatero, desde una mirada más personal, llega al Gobierno reivindicando a sus familiares represaliados en 2004. Por primera vez se establece un marco cultural que posibilita políticas públicas integrales de memoria democrática. Dos décadas después, la irrupción de la derecha radical amenaza con romper aquellos consensos. Su proyecto político, basado en la intolerancia y la exclusión del diferente, se ve amenazado por unas políticas de memoria que pretenden construir sociedades más libres y más pluralistas. Lo estamos viendo ya en algunos acuerdos de coalición a nivel autonómico. Sin embargo, para defender los consensos en materia de memoria democrática no es suficiente con repetir títulos declarativos como el de este artículo. Debemos avanzar, consolidar, innovar.
En primer lugar, necesitamos pensar las políticas de memoria en un contexto postransicional. Las nuevas generaciones no han vivido la Guerra Civil ni el franquismo, pero tampoco la Transición o los primeros años de la democracia. La educación, la formación y sensibilización deben estar en el centro. Las políticas de hoy no pueden ser las mismas que deberían haber sido en los ochenta (aunque no fueran). En segundo lugar, no estamos frente a un ejercicio de nostalgia, sino que abrimos un horizonte de presente y futuro, de articulación de una cultura cívica democrática. Se debe entender el presente con perspectiva histórica y de derechos humanos para construir y reconstruir ciudadanía social. En tercer lugar, hay declinar las memorias democráticas en plural. No estamos aquí para construir una única verdad historiográfica sino para avanzar en la defensa de los derechos humanos, la cultura de la paz y la fraternidad. En sociedades complejas y mestizas, con distintas sensibilidades, experiencias y orígenes, las memorias democráticas también son, por ejemplo, las de las diásporas y la ciudadanía nacida fuera del Estado o sus descendientes.
Para construir memoria democrática en pleno siglo XXI se abren escenarios practicables desde el aquí y el ahora. Cuatro vectores hay que transitar y pueden conectarse con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Para empezar, el derecho a la verdad. Este pasa por abrir archivos y digitalizar al máximo su contenido. El objetivo debe ser el de facilitar el acceso a los investigadores/as y la ciudadanía en general. También deviene imprescindible proceder a la desclasificación de documentos del periodo franquista y construir bases de datos públicas, repositorios de información y material clasificados que permita el avance de la investigación y divulgación. Seguidamente del derecho a la justicia. Es la hora de iniciar procesos judiciales en relación con los abusos de derechos humanos que se produjeron durante la dictadura franquista. Aunque la Ley de Amnistía dificulte penar, no debería ser un impedimento para investigar. La ley 20/2022 de memoria democrática y la creación de la Fiscalía de sala reforzarían este marco de oportunidad. Para que sea una realidad, el Gobierno catalán del que formo parte, por ejemplo, trabaja para ofrecer formación en materia de memoria democrática a operadores jurídicos y en la construcción de la prueba que pueda acompañar procesos judiciales.
El derecho de reparación deviene también fundamental. La abertura de algunas fosas puede actuar como ejercicio de reparación individual y colectiva, de manera relevante en los casos más cercanos al presente, pero no es el único instrumento a utilizar. También lo es dignificar cementerios y lugares de inhumación (por ejemplo, recomiendo visitar el Fossar de la Pedrera en Barcelona, un ejemplo modélico y pionero inaugurado en 1985), conmemorar y homenajear, resignificar lugares de represión, patrimonializar hechos y espacios vinculados a las luchas democratizadoras, etcétera. Por último, la garantía de no repetición. La memoria democrática debe estar presente en las actividades curriculares y extracurriculares de nuestros centros educativos, desde primaria hasta la universidad. Sin ir más lejos, en Francia todos los jóvenes deben visitar algún espacio memorial a lo largo de su escolarización. Y también es necesaria la introducción de la memoria democrática en la formación de trabajadores de la administración pública (aparte de operadores jurídicos antes citados: policías, bomberos, maestros o médicos forenses).
En definitiva, el reto está en transitar de la resistencia a la innovación, de la nostalgia a la construcción de futuro: impulsar políticas de memoria democrática situadas. Porque cualquier batalla cultural requiere de mucha inteligencia, audacia y flexibilidad. Memoria democrática, en fin, para avanzar hacia unas sociedades más inclusivas, tolerantes y convivenciales.Gemma Ubasart es consejerade Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Catalunya.
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